El 2025 marca un antes y un después en la lucha contra el cambio climático en España. Con la publicación del Real Decreto 214/2025, aprobado el pasado 18 de marzo y recogido en el BOE núm. 89 de 12 de abril de 2025, se establece la creación y el desarrollo del nuevo registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. Este paso normativo refuerza el marco legal ya establecido por la Ley 7/2021 de Cambio Climático y convierte en obligatorias acciones que hasta ahora eran principalmente voluntarias.
Las implicaciones son claras y contundentes: las grandes empresas —según lo previsto en el artículo 49.5 del Código de Comercio y el artículo 262.5 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital—, junto con las entidades del sector público estatal, deberán:
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Calcular anualmente su huella de carbono, como mínimo en los alcances 1 y 2 (emisiones directas e indirectas por energía).
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Elaborar y publicar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con un horizonte temporal de al menos cinco años.
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Poner esta información a disposición del público de manera accesible a través de sus portales web o informes de sostenibilidad.
Estas obligaciones no solo responden al compromiso de España con el Acuerdo de París y la neutralidad climática europea para 2050, sino que suponen una transformación profunda de la responsabilidad ambiental corporativa. Las empresas deberán ahora demostrar, de forma verificable, su compromiso con la reducción de su impacto climático.
Además, el real decreto también introduce mejoras importantes en la estructura y funcionamiento del registro nacional, como la interoperabilidad con los registros autonómicos, el reconocimiento de proyectos de absorción de carbono tanto terrestres como marinos (carbono azul), y el uso de sellos oficiales que distinguen a las entidades que han registrado su huella, compensaciones y planes de reducción.
Esto implica que la transparencia medioambiental se convertirá en un valor diferencial. Las empresas que lideren esta transformación no solo evitarán sanciones o incumplimientos legales, sino que se posicionarán como referentes en sostenibilidad. Como señala el propio decreto, la huella de carbono podrá ser considerada en los procedimientos de contratación pública, lo que añade una ventaja competitiva directa en licitaciones y colaboraciones con la administración. A continuación se adjunta el documento oficial al que nos referimos en este post. BOE-A-2025-7439
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Con la entrada en vigor de esta nueva regulación, se abre una gran oportunidad para quienes deseen desarrollar su carrera profesional en el ámbito de la sostenibilidad y la gestión ambiental. El mercado laboral está demandando perfiles técnicos capaces de interpretar, calcular y diseñar estrategias de reducción de emisiones.
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